COLVIDEO VS. PIRATERIA

CÁMARA COLOMBIANA DE VIDEO.  COLVIDEO, LUCHA CONTRA LA PIRATERÍA. AGREMIA A LOS PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES DE VÍDEOS.

1994 INCAUTACIONES. 

Más de 15.000 películas ilegales en formatos de Beta y VHS, fueron decomisadas por la Policía de Bogotá en una operación realizada en el centro comercial Sanandresito.Según la Cámara Colombiana de Video (Colvideo), el material decomisado está valorado en $ 200 millones.eltiempo.com/ 12 de mayo de 1994

LA ULTIMA CAMPAÑA DE COLVIDEO EN 2001

¡QUÉ VIDEO TAN LEGAL!

Con ese lema la Asociación Colombiana de Video (Colvideo), inició una campaña que pretende la legalización en Colombia del mercado del videograma. Grandes videotiendas del Eje Cafetero se comprometieron en un plazo de tres meses a legalizar los videos piratas. Mientras tanto, Colvideo gestionará para los distribuidores de películas descuentos especiales para adquirir material legal.eltiempo.com/ 19 de agosto de 2001

1991 REGLAMENTADAS VIDEOTIENDAS.

El Alcalde Mayor, Juan Martín Caicedo Ferrer y el Secretario de Gobierno, José Noé Ríos, firmaron ayer el decreto que reglamenta los establecimientos que alquilan video-cintas. La nueva medida, concertada con los propietarios de estos establecimientos, representados en la Cámara Colombiana de Video (Colvideo), obliga a los dueños a obtener licencias de funcionamiento, con el fin de que cumplan con las obligaciones como comerciantes ante el Distrito.

La norma protege los derechos de autor consignados en las películas Beta y VHS, tal como lo ordena la ley 23 de 1982 y su decreto reglamentario 3116 de 1984.eltiempo.com/ 17 de mayo de 1991
ILEGALES, 80% DE VIDEOTIENDASColombia es, según productores de videocintas, el centro más grande del mercado negro del video en Latinoamérica. En solo Bogotá, por ejemplo, se calcula que por cada cien películas que están para alquiler, solo 15 son legales. Asimismo, según datos de la Cámara Colombiana de Video (Colvideo), de cerca de 850 videotecas que hay en la capital, 200 son relativamente legales y solo 20 alcanzan a serlo totalmente.

Pero, como con todo lo clandestino, este último dato es un subregistro.Dos de las repercusiones de este fenómeno que más preocupan son el no pago de impuestos y la pérdida que acarrean a las distribuidoras legalmente establecidas. Se estima que cada uno de estos sectores deja de recibir al año cerca de 1.400 millones de pesos.Estas condiciones son las que han propiciado que productores y videotiendas se enfrenten. Ante esto, Colvideo quiere propiciar la concertación.A comienzos de las década de los 80, el alquiler de películas era solo una actividad doméstica, de unos pocos y basada en la reproducción de originales traidos del exterior de contrabando.Lo lamentable, dice Ricardo Parra Castro, director ejecutivo de Colvideo, es que cuando pasó a ser negocio arrastró la herencia de la clandestinidad.El primer intento de solucionar esto fue en 1982 con la expedición de la ley 23 que, entre otras cosas, que buscaba que los dueños de videotiendas legalizarán su actividad, es decir, pagarán impuestos y derechos de autor, y que logró motivar la incursión de los productores colombianos en este mercado.Sinembargo, la ley no dió sus frutos y el negocio ilícito prosperó.Según varios propietarios de videotiendas, ayer durante el primer encuentro para la regulación de la actividad organizado por Colvideo y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), los impedimentos que encuentran son los altos precios de las películas legales, la desactualización de los productores nacionales y la falta de incentivos.Pero eso no es lo único que reclaman. Un grupo de siete propietarios de tiendas de alquiler que asistieron al encuentro dijeron que en este mercado existen los narcovideos , esto es, los negocios grandes que son utilizados para lavar dólares.En cuanto a precios dijo Héctor Chaparro mientras en la distribuidora una película nos cuesta 18.460 pesos, en el mercado pirata o en San Andresito se consigue por cuatro mil y con la facilidad que podemos escoger últimos títulos, a pesar de que la calidad de grabación no sea la mejor.El problema del precio es que no alcanzamos a cubrir la depreciación del casete antes de que termine su ciclo útil .Al respecto, Parra respondió que dentro de las propuestas de regulación de la actividad se ha estudiado una posible reducción de precios pero, en caso de lograrse, esta no sería considerable pues además de que se ofrece un producto de primera, los distribuidores pagan impuestos y derechos de autor, lo que debe ser cancelado en dólares.Sobre la poca variedad de títulos, Parra dice que es una excusa pues en el país hay 18 productores y, mientras el cine ofrece al año 65 títulos ellos sacan al mercado un promedio de 950.Si en ocasiones no podemos ofrecer películas antes de ser exhibidas en cine es porque tenemos que acogernos a un convenio con los dueños del filme. Eso no le respetan los piratas , dijo Parra.
eltiempo.com/ 28 de febrero de 1990

PARABÓLICAS ILEGALES, COMPETENCIA DESLEAL, AFIRMA COLVIDEO.
La Cámara Colombiana de Video (Colvideo), calificó ayer a las antenas parabólicas de competencia desleal para el T V Cable y la empresa del video y solicitó a las autoridades el cumplimiento de las normas que regulan ese negocio. Los afiliados a Colvideo se reunieron en Bogotá en Asamblea General, para analizar los problemas que afectan a esa industria y estudiar las posibles soluciones.

Guillermo Zea Fernández, representante de Motion Pictures Asociation of América (MPAA) denunció que algunas empresas fabricantes de antenas parabólicas compran en los Estados Unidos un decodificador (sistema para captar del satélite las estaciones de televisión) y lo piratean, con lo cual no solo están cometiendo el delito de falsificación, sino que están desconociendo los derechos que cobran aquellas cadenas.Dijo que en el país hay unas seis mil antenas parabólicas instaladas y que de este total solo un cinco por ciento cumple con los requisitos exigidos por la Ley.Zea anunció que próximamente Colvideo se reunirá con el alto gobierno para tratar el problema, y añadió que irán acompañados de voceros de TV cable, Asomedios, cine y otros organismos que tienen que ver con el ramo.A su turno, el Director Ejecutivo de la entidad, Ricardo Parra, señaló que el 80 por ciento de los 2.500 videoclubes que existen en el país son piratas y dijo que la ley debe ser menos venal contra quienes obtienen copias ilegales de las películas, sin importarles que ellos (los afiliados a Colvideo) pagan los derechos de autor en el extranjero.Agregó que una persona a la que se le comprueba que está piratiendo películas o que alquila películas ilegales, se le puede condenar máximo a seis meses de prisión excarcelable o a pagar una multa de cien mil pesos, pero que el proceso dura dos años y cuando se le va a notificar la sentencia al sindicado éste ya ha camabiado de dirección y la sanción queda en el aire.Parra dijo que el Estado deja de percibir cinco mil millones de pesos al año por concepto de impuestos provenientes de las videotiendas, el Iva y demás, y reclamó el recorte de los trámites investigativos.Dijo que en los últimos meses, en solo Bogotá, las alcaldías menores han sellado sesenta establecimientos que alquilaban películas piratas o que no tenían licencia de funcionamiento, y reclamó más colaboración de las autoridades en las otras ciudades del país.Por su parte, Juan C. Londoño, representante de Cine Colombia, pidió a los usuarios que no paguen más de cien pesos por una película piratiada y explicó que para saber si una cinta es original, el cassette debe portar tres sellos de la firma que tiene los derechos del video.Finalmente, Beatriz de Rugeles, representante de Bativedeo, sostuvo que los derechos de autor de una cinta de video pueden oscilar entre 1.500 y 10.000 dólares por tres o cinco años.Según la comerciante, de una película éxito se pueden vender entre 1.500 a 2.000 copias, pero hay videotiendas que compran un original y de el obtienen diez o más copias ilegales. Es un asunto difícil de controlar.Parra precisa que para la comercialización de la señal, la legislación colombiana estableció, como en todos los países del mundo, que este servicio se preste por medio de la televisión por suscripción, el cual lleva una señal codificada a los hogares, por el pago de un derecho.Colvideo sostiene que como gremio acepta la competencia que le imponen las parabólicas porque no se puede ignorar el avance de la tecnología, pero insiste en que deben ceñirse a las normas contenidas en el Decreto 1900 del año pasado.Asegura que el cobro de la señal muchas veces es auspiciado por las alcaldías y se hace en las facturas de servicios públicos. Cita los casos de Girardot, Tunja, Villavicencio, Armenia, Fusagasugá, Ubaté, Facatativá, Zipaquirá, Bucaramanga y algunos barrios de Bogotá.En varios casos, según Parra, Colvideo se ha dirigido a los alcaldes, pero ha sido en vano. Dice que, por ejemplo, el de Villavicencio le agradeció su concepto de que era ilegal, pero los equipos están funcionando y cobran 300 pesos a los usuarios, por lo cual elevó una queja a la Procuraduría.Parra se pregunta si los dineros para montar estas parabólicas salen del erario y qué destino tienen los que se recaudan para mantenimiento.Para sustentar sus argumentos sobre la ilegalidad de estas señales, cita conceptos dados por el Ministerio de Comunicaciones a ese respecto, pero lamenta que ese despacho no haga nada porque, según la ley, el decomiso de los equipos corresponde a la Policía.Según estiman, las parabólicas le quitan al productor de video entre 30 y 40 por ciento de la audiencia sin pagar derechos de autor. Parra sostiene que todas las compañías de video para el hogar tienen representación en Colombia y que aunque se sacan 950 títulos nuevos al año, el 75 por ciento del mercado es pirata.Lo anterior, a su juicio, crea un círculo vicioso, debido a que la gente no alquila películas legales porque cree que todas son de mala calidad.El director de Colvideo también mostró preocupación por el hecho de que, en general, los alcaldes no han reglamentado el uso de las antenas parabólicas en su territorio, pese a que así lo ordena la ley. Celebró el hecho de que la administración distrital de Bogotá avance en tal reglamento, al tiempo que expidió normas para el funcionamiento de las videotiendas de la ciudad.

eltiempo.com/24 de julio de 1991